Claro como el agua

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José Fco. Castro

A pesar de que los contratos de servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración de agua, gestionados por la empresa FCC Aqualia S.A. (Aqualia), no vencían hasta el 18 de abril de 2022, el pasado 2 de julio del presente año el pleno del Ayuntamiento de Tarifa acordó la prórroga de estos contratos, por diez años más, sólo con los votos a favor del PSOE de Tarifa (PP y PA se abstuvieron y los concejales de Ganar Tarifa-Izquierda Unida, Ezequiel Andreu y Antonio Cádiz, votaron en contra). A este trágico (pero no definitivo) desenlace le preceden varios meses de, cuanto menos, discutible gestión y opacidad con una serie de hitos inexplicablemente desconocidos para casi la totalidad de la población. 

 

Todo empieza a principios de 2018 cuando Aqualia manifiesta su voluntad de anticipar la prórroga de los contratos de concesión. Seguidamente, el consejo local de Ganar Tarifa–IU propicia un debate abierto sobre diferentes modelos de gestión del servicio en unas jornadas que cuentan con la presencia de voces autorizadas como la de Santiago Gutiérrez, miembro del Consejo de Administración de la empresa pública Medina Global, que es reconocida a nivel europeo como un referente de empresa pública de gestión del agua, o Paco López de la plataforma Marea Azul del Sur, entre otros. Del debate se extrajo una conclusión clara: con los datos que se contaban en aquel momento nadie podía valorar la idoneidad del modelo de gestión privado realizado por Aqualia. Ante la indiferencia del resto de fuerzas políticas sobre este posicionamiento, Ganar Tarifa – IU acudió a AEOPAS (Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento) que encargó un informe jurídico con el objetivo de arrojar luz sobre el asunto. Pero a pesar de cuestionar la legalidad tanto del proceso como de los fundamentos mismos de la prórroga de los contratos, este informe también fue obviado por los técnicos y el resto de fuerzas políticas. Lo que vino después fue la aprobación del acuerdo de prórroga, la inauguración, las fotos, los vítores y los fuegos artificiales. 

Es evidente que se ha perdido una oportunidad crucial de iniciar el proceso para gestionar directamente este servicio en beneficio del interés general y sin ánimo de lucro privado, y se ha evidenciado una nula transparencia en la gestión de un asunto de enorme calado social y económico. Para que nos hagamos una idea de quién es Aqualia hay que saber que el 51% de FCC Aqualia S.A. (empresa matriz) pertenece al multimillonario Carlos Slim y el otro 49% al fondo de inversión australiano IFM Global Infrastructure. Ante tan gigantesco oponente todas las medidas disponibles para negociar en beneficio de la población tarifeña o revertir la situación al inicio hubieran sido pocas. Se sucumbió al chantaje de la necesidad imperiosa de recepcionar unas depuradoras que paradójicamente a día de hoy siguen sin funcionar correctamente, según la Unión Europea y hasta que no se demuestre lo contrario. 

No obstante, también es importante saber que esta situación no es definitiva y con cierta esperanza vemos como poco a poco la concepción de una nueva cultura del agua va calando en los órganos de poder y decisión estatales y autonómicos. Todo indica que la gestión pública del ciclo urbano del agua cada vez adquiere más importancia entre las fuerzas políticas progresistas, y desaprovechar esta inercia para profundizar sobre otros modelos de gestión más beneficiosos para la población tarifeña sería, como mínimo, una irresponsabilidad por parte de quien ostenta la capacidad de decisión. 

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