IU presenta en Diputación una moción de rechazo a la ampliación de la edad de jubilación

La formación política pedirá al Pleno que se inste a agentes sociales, patronal y Gobierno a que los acuerdos no lesionen los derechos de los trabajadores

El Grupo de Diputados de Izquierda Unida ha registrado una moción que será vista en el Pleno de la Diputación Provincial de mañana por la que pide el rechazo de la institución a la ampliación de la edad de jubilación que el Gobierno de la Nación tiene previsto aplicar, así como su oposición a cualquier modificación de los sistemas de cálculo de la pensión que reduzcan las expectativas y derechos de los trabajadores en activo.

La moción plantea asimismo, que se inste a los agentes sociales, Patronal y Gobierno a que los acuerdos sociales que puedan alcanzarse no lesionen los derechos de trabajadores y trabajadoras en materia de derechos contractuales, negociación colectiva o prestaciones sociales.

Izquierda Unida ha mostrado su rechazo a la voluntad de reformar el sistema de pensiones mediante el incremento en dos años de la edad de jubilación, junto a otras medidas, como la de modificar el sistema para el cálculo de las pensiones. Para la formación política, estas medidas que son de gran calado social, ”se pretenden poner en marcha al margen de cualquier acuerdo con los agentes sociales, al margen de cualquier proceso de concertación social y, lo que es más importante, vulnerando el compromiso de no utilizar la crisis para deteriorar el sistema de pensiones, con lo que se somete a la sociedad española a un sacrificio más, en nombre de la sostenibilidad de las cuentas públicas frente a la crisis”.

Para la formación política, “se trata de una iniciativa más que desplaza sobre los trabajadores y trabajadoras el peso de la crisis económica; una filosofía que sustituye cualquier lógica de solidaridad y compromiso con la superación de la crisis por la lógica neoliberal de reducción del gasto social”. Añade, que “estas decisiones antisociales, junto a otras que vienen aplicándose por el Gobierno central, suponen una profunda agresión a los derechos de los trabajadores, una concesión a la derecha política y económica y a los empresarios que, por otra parte, no constituyen ninguna aportación concreta y real a la superación de la crisis económica”.

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